Un informe privado de la denominada Rape Gang Inquiry concluye que redes organizadas de explotación sexual infantil operaron durante décadas en distintas zonas del Reino Unido en medio de fallos sistemáticos de las instituciones públicas llamadas a proteger a las víctimas. El documento, de 219 páginas y sin carácter oficial, sostiene que las autoridades británicas no actuaron con eficacia pese a denuncias e indicios reiterados sobre estos abusos.
La investigación reúne testimonios de sobrevivientes, familiares y denunciantes, y atribuye a la falta de respuesta de cuerpos policiales, servicios sociales, centros educativos y otros organismos públicos el hecho de que estos delitos se mantuvieran durante años sin una reacción adecuada. Según el resumen ejecutivo, la mayoría de las víctimas eran niñas en situación de vulnerabilidad, captadas mediante engaños, alcohol o drogas y luego sometidas a explotación sexual por grupos organizados en distintas localidades.
Ante ese panorama, los autores plantean reformas profundas en los sistemas de justicia y protección de menores. Entre las recomendaciones aparecen el endurecimiento de sanciones, mejores mecanismos para registrar información sobre agresores, mayor intercambio de datos entre agencias y medidas de rendición de cuentas para las instituciones que incumplan sus obligaciones legales, en un nuevo llamado a la vigilancia y al control sobre organismos que, de acuerdo con el informe, fallaron durante años.