La semana resumida por el Periódico Hoy dejó un denominador común que va más allá de la agenda cotidiana: fallas de gestión y de control que vuelven a situar al Gobierno dominicano bajo escrutinio. El lunes 24 de agosto comenzó el año escolar 2026-2027 con más de dos millones de estudiantes convocados a las aulas, aunque numerosos centros seguían afectados por problemas de infraestructura y por la falta de cupos, docentes y personal administrativo, tal como había señalado la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Al día siguiente, tras una evaluación sísmica, el Gobierno vetó el uso de 57 planteles en demarcaciones de la cordillera Septentrional y también acordó demoler 34 por anomalías estructurales.
Ese recorrido dejó en evidencia el contraste entre la apertura formal del calendario escolar y la situación real de centros que no estaban en condiciones, con efectos directos para estudiantes y familias. A ello se sumó el miércoles 26 la condena de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra el Banco Central, que dispuso el pago de US$5,000,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos al Consorcio Méndes Junior-Méndez Cabral, dentro de una demanda en recisión de contrato y reparación de daños y perjuicios.
El balance incluyó además el jueves 27 el desastre en Nepal, con 289 fallecidos tras la riada masiva en Rasuwa, y el viernes 28 la petición de una condena ejemplar en el juicio por el derrumbe del Jet Set, que dejó 236 muerto. En conjunto, la semana quedó atravesada por señales de alerta institucional y por la exigencia de rendición de cuentas en asuntos donde la ciudadanía carga con las consecuencias mientras permanecen abiertas las explicaciones sobre prevención, supervisión y responsabilidad pública.