La salida de Héctor Antonio Lora Cruceta del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) requirió el uso de la fuerza pública, después de que permaneciera en la presidencia de la Junta Directiva y del Patronato por siete años, pese a haber sido designado el 9 de octubre de 2018 por un período de solo dos años. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de control en una institución vinculada a recursos para pacientes de escasos recursos que padecen cáncer.
Según el texto, ante su resistencia a abandonar el cargo, el 6 de octubre de 2025 fue convocada una Asamblea General Extraordinaria que, de conformidad con los estatutos del Patronato, eligió por unanimidad una nueva Junta Directiva encabezada por Iván Alexis Mercader Mateo. Sin embargo, Lora Cruceta, hoy imputado de liderar una red que habría desviado millones de pesos destinados a esos pacientes, interpuso recursos que dilataron su salida del IORC hasta que él y otros miembros de la directiva fueron arrestados durante la Operación Oncol4 y sometidos a la justicia.
El expediente también recoge que, alegando una representación que ya no ostentaban, Lora Cruceta, Dilcia Vargas Sánchez, Thelma Sadi Rodríguez Báez y Yanet Rodríguez presentaron el 23 de octubre de 2025 una demanda en nulidad contra la asamblea del 6 de octubre. Luego, el 30 de ese mes, incoaron una demanda civil en referimiento para suspenderla y solicitar la designación de un secuestro judicial. El 7 de noviembre, mediante acto de alguacil, procedieron además a trabas de oposición a la entrega de valores del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, en un conflicto que pone el foco sobre el costo institucional y social de la falta de vigilancia oportuna en entidades que manejan fondos sensibles.