Un proyecto de ley que cursa en el Senado plantea modificar la ley de extinción de dominio para que al menos un 10 % de los recursos obtenidos por bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales se destine a políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La iniciativa vuelve a abrir el debate sobre el uso y la prioridad de esos fondos, que actualmente ingresan a la Cuenta Única del Tesoro para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en salud y transporte, además de reservar al menos un 10 % para el Incabide.
El texto legislativo incorpora un destino específico adicional para que, como mínimo, otro 10 % sea orientado a acciones contra la violencia de género. De acuerdo con el proyecto, esos recursos serían asignados al Ministerio Público, que coordinaría su aplicación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes, un esquema que coloca en primer plano la necesidad de vigilancia sobre la ejecución y los resultados.
Entre los usos previstos aparecen el apoyo prioritario a casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, así como planes en escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y cambios en patrones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres. También incluye campañas de publicidad en redes sociales y medios, en un escenario en que el debate legislativo vuelve a presionar a las autoridades para explicar si la distribución actual de estos recursos responde a las prioridades más urgentes de la población.