Una condena de 10 años impuesta a Yirber Antonio Sánchez de la Cruz por violar sexualmente a una mujer a punta de pistola y forzarla a grabar un video para aparentar consentimiento volvió a poner en debate la respuesta institucional frente a hechos de extrema violencia contra las mujeres. El Ministerio Público informó que apelará la decisión, al considerar que la pena debió ser de 20 años.
Según la denuncia, el hecho ocurrió en Hato Mayor después de que la víctima, identificada como Lily, nombre ficticio, saliera de un centro de expendio de bebidas alcohólicas. Sánchez de la Cruz se ofreció a llevarla a su casa, pero desvió el trayecto hacia un motel. De acuerdo con el testimonio presentado ante la fiscalía, cuando ella trató de resistirse, él sacó un arma de fuego, la haló por los cabellos y la golpeó hasta someterla.
La víctima declaró además que, luego de la agresión sexual, fue obligada a grabar en un celular un video en el que afirmaba que el acto había sido consensuado, con la intención de impedir una denuncia posterior. A pesar de las amenazas, acudió a las autoridades. El caso fue investigado por los fiscales Wilson Santana y Daniel Robles Nivar, quienes sometieron al condenado por violación sexual y agresión física, en un proceso que ahora queda marcado por la apelación del Ministerio Público contra una sentencia que considera insuficiente.