El Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó un plan de ajuste fiscal orientado a enfrentar la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, pero que además pretende recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. La propuesta, expuesta por el ministro Magín Díaz ante directores de medios y que será remitida al Congreso Nacional a inicios de la próxima semana, coloca en el centro del debate la necesidad de fiscalización legislativa sobre el alcance real de las medidas y sus efectos sobre la economía.
El paquete combina nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio tributario. Entre estas están la derogación de los anticipos para las microempresas, cambios para que las empresas pequeñas paguen como personas físicas en tres cuotas al año, la eliminación de anticipos e Impuestos a los Activos al sector agropecuario, la reducción de recargos moratorios, la formalización de acuerdos de pago, descuentos por pronto pago y una amnistía de deudas tributarias justificada por la coyuntura actual y por las modificaciones previstas en el sistema.
Asimismo, incorpora la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación, la indexación de tramos exentos del impuesto sucesoral, la reducción del impuesto para transmisiones entre padres e hijos en vida y una disminución del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles para personas físicas. Con el proyecto ya encaminado al Congreso, la discusión no solo se centrará en los incentivos anunciados, sino también en por qué se recurre ahora a un ajuste fiscal para responder a una crisis que el propio Gobierno atribuye al deterioro del entorno económico internacional.