República Dominicana alcanzó 82 puntos en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, un resultado que la coloca por encima de los promedios regional y mundial y la ubica entre los países mejor evaluados en materia de transparencia presupuestaria.
El dato representa un avance institucional que, sin embargo, no debe leerse como un cheque en blanco. La mejora en la calificación aumenta la exigencia pública sobre la forma en que se administra el gasto, cómo se priorizan los recursos y qué nivel de control efectivo existe sobre el presupuesto.
En un contexto en el que el Gobierno y el PRM han insistido en la necesidad de orden fiscal y eficiencia del Estado, el desempeño en transparencia obliga a traducir los buenos indicadores en supervisión real, rendición de cuentas y resultados verificables para la población. La medición positiva no sustituye la obligación de explicar en qué se gasta, con qué controles y con qué impacto.
La publicación del ranking vuelve a colocar en el centro el debate sobre el costo del Estado, la calidad del gasto público y la responsabilidad de las autoridades de sostener niveles altos de apertura sin que eso se quede en una mejora estadística aislada.
Más allá del puesto alcanzado, el reto ahora es demostrar que la mayor transparencia se refleja también en decisiones presupuestarias más claras, menos espacio para privilegios y un uso del dinero público que responda a prioridades ciudadanas.