La convocatoria a un paro nacional de 24 horas hecha por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para este lunes 7 de julio puso el caso de los doctores William y Franklin Almánzar en el centro de una alerta institucional: más allá de la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio cuestionó el modo del arresto y las respuestas que aún faltan sobre un procedimiento que, según denunció, terminó impactando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, definió el apresamiento como un “atropello” y objetó que William Almánzar fuera localizado en la clínica junto al DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, dijo, al sostener que se vulneraron derechos fundamentales. Más adelante agregó: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, Miguel Tevenín, presidente de la seccional del CMD, confirmó que el médico continúa detenido en el Dicrim y rechazó la forma en que se condujo el caso. En esa misma línea, el doctor José Domínguez afirmó que una acusación de ese tipo, a su entender, debió tramitarse por la vía civil y no penal, y criticó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta del gremio abre un frente que trasciende el expediente judicial: cuando una denuncia desemboca en un conflicto nacional con paro médico, el problema ya no es solo legal, sino también de gestión, confianza y costo social. El caso exige explicar el uso del poder en procedimientos sensibles y las consecuencias que esa actuación termina trasladando a los pacientes.