La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a situar a la Policía Nacional en el centro del escrutinio, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, acusado de provocarla con un disparo, enfocara su mensaje en el arrepentimiento del agente y en el temor por su seguridad. Más allá de esa versión, el hecho reabre el contraste entre el discurso oficial sobre reforma y la continuidad de episodios de alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y no tuvo en ningún momento la intención de causar una tragedia durante el ejercicio de sus funciones. A la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista afirmó que su representado incluso quería ofrecer disculpas públicas a los familiares de la víctima.
La defensa también sostuvo que Moreta Heredia teme por su integridad física debido a la indignación social que ha generado el caso, motivo por el cual pidió su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, ese planteamiento no borra la pregunta de fondo que reaparece cada vez que un operativo termina con una muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia en torno al accionar de un agente, el expediente se convierte en otra señal de alerta sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un contexto en que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en exhibir cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.