La orden de cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, abrió un nuevo flanco de desgaste para el Gobierno, esta vez por el incumplimiento de un fallo que le exigía detallar qué había hecho la cartera frente a denuncias de acoso laboral y sexual en el sistema público RTVC.
Todo se remonta a un derecho de petición radicado el 24 de marzo por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña. Más tarde, el 20 de mayo, una tutela amparó esa solicitud y le dio a Sanguino 48 horas para responder un cuestionario de 12 preguntas sobre la actuación oficial frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en esa entidad estatal. Ante la ausencia de respuesta, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá impuso el arresto por cinco días, una multa de tres salarios mínimos mensuales y ordenó remitir la decisión a la Policía para que proceda a la captura del sancionado.
La resolución judicial pone bajo escrutinio la distancia entre la versión del poder y lo que efectivamente ocurrió. Tras la sanción, Sanguino pidió revocarla y aseguró que el Ministerio de Trabajo «entregó la totalidad de la información pública disponible», que esa contestación fue enviada el 26 de mayo y puesta en conocimiento del despacho judicial el 1 de julio. También afirmó que parte de esos datos está protegida por reserva legal para resguardar información sensible, la intimidad de las personas implicadas y evitar la revictimización de las denunciantes.
Con todo, el punto de fondo no cambia: un juzgado consideró incumplido el fallo y activó una medida de arresto contra un ministro en medio de denuncias sensibles dentro de un medio estatal. Más que una discusión de trámite, el episodio deja una señal de alerta sobre cómo responde el poder cuando se le exige transparencia en casos que involucran derechos laborales y violencia basada en género.
En abril de este año, el Ministerio de Trabajo recibió denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en RTVC. A partir de ese antecedente, la controversia deja de limitarse a la defensa del funcionario y pasa a las explicaciones pendientes del Estado sobre su capacidad real para investigar, informar y rendir cuentas cuando las denuncias alcanzan a una entidad pública.