SANTO DOMINGO.- Legisladores de distintos partidos admitieron este lunes que la transformación de la Policía Nacional sigue sin resolverse más allá de cualquier cambio legal, al señalar que el problema real está en la gestión, la supervisión y la profesionalización de los agentes, una lectura que vuelve a colocar bajo examen los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso frente a una de las principales demandas ciudadanas.
Los parlamentarios coincidieron en que una modificación de la Ley Orgánica puede reforzar el marco institucional, pero insistieron en que el cambio de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación permanente del personal y las condiciones laborales de los miembros de la institución. Además, plantearon evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, como señal de alerta sobre controles que todavía se consideran indispensables para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) afirmó que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha avanzado en su proceso de transformación, aún persisten debilidades que deben ser atendidas. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, dijo.
El legislador por La Altagracia agregó que también debe fortalecerse el trabajo conjunto entre las autoridades civiles, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de investigación, con el fin de mejorar la coordinación en seguridad ciudadana. A su juicio, la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, lo que devuelve la discusión a la gestión, el presupuesto y los resultados concretos, no solo a los anuncios.
El debate legislativo deja así abierta una demanda de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para convertir la narrativa de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Si aún se reclaman controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión pública sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades responsables de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.