Puerto Rico cerró los primeros seis meses de 2026 con 248 asesinatos, 17 más que en el mismo período de 2025, una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la vecina isla y pone bajo examen la eficacia de la respuesta oficial. El impacto alcanza además a una sociedad estrechamente vinculada con República Dominicana, en un escenario en el que viven más de 80 mil dominicanos en territorio puertorriqueño.
De acuerdo con la Policía puertorriqueña, cuatro de cada 10 homicidios investigados en lo que va de año están relacionados de forma directa con el narcotráfico. A ello se añade que tres de cada 10 muertes responden a venganzas o rencillas entre bandas rivales, mientras nueve de cada 10 asesinatos fueron cometidos con armas de fuego ilegales. La mezcla de crimen organizado, disputas entre grupos y circulación de armas refleja un deterioro que va más allá de la estadística y se traduce en mayor vulnerabilidad para la población.
Joseph González, jefe policial, defendió en una conferencia de prensa recogida por Prensa Latina la estrategia operativa aplicada en las zonas de mayor incidencia delictiva. Aun así, el propio balance oficial confirma el repunte de los homicidios, una contradicción que sitúa bajo escrutinio los resultados de esos operativos y la capacidad real de contención frente al avance de la violencia.
Pese al aumento, el cuerpo de seguridad adelantó que los planes de contingencia seguirán sin cambios estructurales, mientras sus analistas mantendrán el foco en patrullaje e inteligencia para interceptar cargamentos de armas. La decisión de conservar la misma línea en medio del deterioro deja abierto el debate sobre rendición de cuentas, prioridad ciudadana y la urgencia de respuestas más efectivas ante una crisis con costo social visible en toda la región caribeña.