La denuncia de presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís volvió a poner bajo la lupa la capacidad de vigilancia del sistema de protección, después de que CONANI informara que solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la supervisión de ese establecimiento, mientras el caso sigue en manos del Ministerio Público.
El organismo explicó que actuó “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, aunque el hecho de que la intervención llegara tras las denuncias y concluyera con las personas responsables del centro detenidas refuerza el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
De acuerdo con CONANI, su Oficina Regional Higuamo participó en el operativo a solicitud de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. Las autoridades a cargo de la investigación indicaron que los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Pese a que CONANI reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con el debido proceso, el caso deja una alerta institucional difícil de pasar por alto: si fue necesaria una intervención con detenciones para actuar, la prioridad ahora no es solo dar seguimiento al expediente, sino aclarar cómo funcionaba el centro bajo la mirada de los organismos encargados de supervisarlo y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya ha sido denunciado.