El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión interpuesto por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), quien buscaba anular la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta por narcotráfico, en una decisión que refuerza la exigencia de que los procesos por delitos de alto costo social no se conviertan en escenarios de dilación ni de impugnaciones sin sustento suficiente.
Mediante la sentencia TC/0496/26, la alta corte admitió el recurso para examinarlo, pero descartó los argumentos de fondo presentados por el recurrente, que alegaba vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actuó con apego a la Constitución, a las leyes vigentes y a las pruebas incorporadas legalmente al expediente.
El TC reiteró además un punto institucional clave: la valoración de las pruebas y la determinación de los hechos corresponden a la jurisdicción ordinaria, y solo procede la revisión constitucional cuando exista una violación directa y flagrante de derechos fundamentales, algo que, según la sentencia, no ocurrió en este caso. También estableció que Guevara Díaz dispuso de oportunidades procesales amplias y suficientes para presentar pruebas y alegatos en igualdad de condiciones.
La decisión deja una señal de alerta útil en medio del desgaste de confianza que arrastran las instituciones: en casos sensibles, la rendición de cuentas no puede agotarse en la retórica oficial sobre justicia, sino en resoluciones capaces de resistir revisión y escrutinio. El fallo, más que cerrar un expediente mediático, reabre la demanda ciudadana de vigilancia permanente sobre cómo el sistema responde ante estructuras delictivas y sobre la distancia entre el discurso político y los resultados concretos.