Este viernes, el Senado de la República aprobó en segunda discusión, con 23 votos favorables, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que ahora seguirá su trámite en la Cámara de Diputados y después pasará al Poder Ejecutivo. La decisión no solo avanza una pieza legislativa ya anunciada por el Gobierno, sino que también vuelve a dejar expuesta la exigencia de supervisión sobre una reforma presentada como modernización, aunque impulsada en medio de persistentes fallas dentro del cuerpo del orden.
Dentro de ese proceso de transformación policial, la iniciativa del Gobierno dominicano asegura que fortalecerá la institucionalidad, mejorará la supervisión y ajustará la gestión y el control interno. Sin embargo, el propio texto muestra la dimensión del problema que sigue bajo la lupa del Congreso: eleva los requisitos para los principales cargos de dirección y fija un régimen disciplinario más estricto frente a conductas irregulares que abarcan corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre las modificaciones, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos tendrán que ser generales activos, contar con título de maestría y acreditar competencias profesionales acordes con sus funciones. A la vez, se separan las tareas de investigación y de decisión sobre las faltas, con el propósito de asegurar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos, una medida que subraya las debilidades institucionales que hasta ahora han requerido corrección legal.
El proyecto también amplía el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más severas para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso deba impulsar una reforma de este alcance para castigar con mayor rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas vuelve a colocar el debate en el punto que más pesa para la ciudadanía: no en el discurso de cambio, sino en la capacidad real del Estado para hacer cumplir controles, rendir cuentas y evitar que la reforma termine reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.