La investigación que el Ministerio Público lleva a cabo en Valverde contra varios agentes de la Policía Nacional por una denuncia de presunta agresión sexual contra una joven haitiana vuelve a colocar a la institución bajo presión, más allá de su discurso sobre derechos humanos y transparencia.
El director regional Noroeste de la Policía, general Ramón S. Azcona Reyes, explicó que se ordenó indagar el caso para aclarar lo sucedido y determinar responsabilidades. La denuncia se produjo luego de que la joven, en condición migratoria irregular, fuera detenida el pasado domingo junto a otras personas durante un operativo en el municipio de Esperanza y después reportara la presunta agresión.
La Policía señaló además que los agentes que intervinieron fueron llamados por la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público para ser entrevistados y colaborar con las pesquisas. También indicó que la joven fue evaluada por un médico legista y que el certificado médico preliminar establece que no presenta evidencias de agresión sexual, aunque las indagatorias siguen en curso para establecer de forma objetiva e imparcial lo ocurrido.
El hecho de que los policías señalados hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público no apaga la alarma institucional: la gravedad de la denuncia, la vulnerabilidad de la detenida y la decisión de no divulgar los nombres de los agentes mantienen abiertas las exigencias de fiscalización pública y de seguimiento de la sociedad civil. En un caso que compromete seguridad, derechos y confianza institucional, el costo social no se mide por el comunicado, sino por la capacidad del Estado de ofrecer respuestas verificables y responsabilidades claras.