La denuncia pública de la familia Disla volvió a poner bajo la lupa los controles institucionales frente a la actuación militar en conflictos de propiedad. De acuerdo con su planteamiento, el general de brigada Perdomo Sánchez, entonces director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), habría intervenido en actuaciones relacionadas con un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos en controversia civil, inmobiliaria y registral.
La familia considera que se trata de un hecho grave, porque entiende que la disputa debe ser conocida por los tribunales y por las instancias civiles competentes, en especial la Jurisdicción Inmobiliaria. Por eso pidió al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del ERD, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que aclare cómo se produjo la presunta intervención y con qué fundamento.
Los Disla también formularon varias preguntas a las autoridades militares: quién solicitó la intervención del oficial, en qué calidad actuó, si había una orden judicial expresa, qué tribunal la habría emitido, quién dio instrucciones, qué documentos fueron presentados y cuál era la base legal para emplear personal militar en una controversia sobre terrenos registrados. Sostienen que esas interrogantes no buscan una condena anticipada, sino transparencia, investigación y respeto al Estado de derecho, al insistir en que el poder militar no puede sustituir al poder judicial.