Este viernes, la alianza opositora Libre presentó ante la Fiscalía General de Bolivia una acusación contra el exmandatario Evo Morales por «delitos de lesa humanidad» en el polémico caso de «terrorismo» de 2009, en otro intento por llevar a la justicia decisiones estatales cuestionadas por su impacto sobre los derechos humanos.
El diputado Antonio Pino, en representación de Libre, entregó la acusación en el Ministerio Público para impulsar un juicio de responsabilidades contra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. Pino afirmó que Morales «tiene que responder» por los «hechos en contra de los derechos humanos» registrados en este caso y sostuvo que hubo «ejecuciones sumarias», además de «detenciones ilegales y hasta torturas». Añadió que la denuncia incorpora declaraciones, artículos de prensa y el informe de la CIDH.
De acuerdo con la proposición acusatoria, ambos exmandatarios tendrían «responsabilidad penal directa por la decisión, transmisión y conducción política del operativo ejecutado el 16 de abril de 2009» en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, así como por los «resultados ilícitos» derivados de esa actuación estatal. Si la Fiscalía admite el recurso, el caso pasará al Legislativo, donde requerirá el apoyo de dos tercios antes de llegar al Tribunal Supremo boliviano.
El operativo policial de abril de 2009 terminó con tres extranjeros muertos —entre ellos el irlandés Michale Dwyer— y con la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, acusados de integrar una supuesta célula terrorista. La nueva ofensiva opositora vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de vigilancia institucional y de que el poder político responda cuando una acción estatal deja denuncias graves y resultados todavía bajo controversia.