El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, habló este sábado por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conversación marcada por dos frentes de alto costo político e institucional: el arresto de un marine estadounidense sospechoso de matar a una mujer en Okinawa y las sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), presidida por la magistrada japonesa Tomoko Akane. La llamada, de unos 15 minutos, se produjo después de que creciera la indignación en Okinawa y de que Tokio expresara su preocupación por las medidas contra el tribunal de La Haya.
Según los comunicados citados, Motegi abordó el asesinato ocurrido en la prefectura insular y Rubio trasladó sus condolencias junto con la «firme determinación» de cooperar con las autoridades japonesas durante la investigación. Pero el contacto también expuso el contraste entre la voluntad de mantener una «estrecha comunicación» y las diferencias abiertas sobre la CPI: Japón transmitió la postura de su Gobierno, que considera las sanciones «incompatibles», mientras Rubio defendió su necesidad por las «acciones arbitrarias que amenazan la soberanía estadounidense».
La conversación se produjo después de que las autoridades japonesas exigieran medidas frente a la violencia de los soldados, incluida la revisión del acuerdo de tropas, y de que se estableciera un toque de queda tras el arresto del marine de 20 años estacionado en la base de Futenma, acusado además de robar a una mujer de 39 años. Aunque ambos ministros coincidieron en seguir fortaleciendo la alianza entre Tokio y Washington en un contexto de «seguridad complejo», la llamada dejó abiertas las exigencias de vigilancia, control y rendición de cuentas sobre hechos que ya han provocado protestas y fricciones diplomáticas.