Aunque está vigente desde hace más de un siglo, el tratado de extradición entre República Dominicana y Cuba vuelve a dejar al descubierto una brecha institucional: gran parte de los funcionarios judiciales de ambos países desconoce un instrumento concebido justamente para evitar que autores de delitos encuentren refugio al pasar de un territorio a otro.
El acuerdo fue firmado el 29 de junio de 1905 y ratificado por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 1906, durante los gobiernos de Carlos Morales Languasco y Tomás Estrada Palma. En su texto, establece que las solicitudes de extradición pueden gestionarse por medio de agentes diplomáticos y consulares.
Además, incorpora una lista de delitos que abarca homicidio voluntario, aborto, golpes o lesiones, atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio, amenazas, daños a las vías férreas que pongan en peligro a los viajeros, violación, rapto, bigamia, sustracción de menores, falsificación, fabricación de moneda falsa, falso testimonio, piratería, malversación de caudales públicos, cohecho, robo y quiebra voluntaria.
La cuestión central no es solo la antigüedad del tratado, sino la distancia entre su vigencia formal y el desconocimiento que todavía persiste sobre su alcance. El texto también fija límites precisos: la extradición no procede si la pena no supera los seis meses de privación de libertad, si la pena ha prescrito o si la persona ya cumplió condena y fue puesta en libertad. La situación termina por reflejar una alerta institucional sobre normas existentes que siguen lejos del conocimiento y de la aplicación efectiva.