The New York Times informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores ayudaron al senador brasileño Flávio Bolsonaro a salir hacia Estados Unidos, aun después de que fuera notificado de una orden judicial que le prohibía abandonar Brasil y le exigía entregar su pasaporte en una causa por supuesto lavado de dinero. Según el reporte, Bolsonaro llegó a Florida con un “estatus temporal” migratorio concedido bajo las “órdenes” de Trump y con expectativa de recibir luego residencia permanente.
La ruta descrita por el diario expone el alcance de esa operación: Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron de Brasil a Argentina, abordaron un avión privado en Puerto Iguazú, hicieron escala en Guayaquil y aterrizaron en Miami. El Times, citando fuentes gubernamentales estadounidenses, señala además que la aeronave fue gestionada por Jason Miller, funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, un dato que desplaza el caso del terreno personal al institucional y abre un contraste entre el discurso de legalidad y la actuación de actores del poder.
El reporte añade que la residencia permanente del senador “sería procesada rápido”, como ocurrió con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Texas y obtuvo una “aprobación rápida” en julio. Ese encadenamiento refuerza la alerta sobre decisiones públicas usadas con criterio político y subraya por qué, también en democracias como la dominicana, gobierno y congreso quedan bajo la obligación de vigilar privilegios, exigir rendición de cuentas y evitar que la institucionalidad quede subordinada a redes de poder antes que al interés ciudadano y la estabilidad del Estado.