La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) investiga un contrato de RD$29 millones para la pintura de 31 autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). A pesar de que el director de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que la investigación se inició de oficio tras denuncias en medios, documentos oficiales revelan que ya existía una impugnación formal presentada por una de las empresas participantes, la cual fue desestimada por la entidad bajo el argumento de que la empresa era una «parte interesada». Esta decisión contradice la Ley de Compras y Contrataciones, que permite a los oferentes presentar recursos ante posibles irregularidades.
Las inconsistencias en la gestión de este proceso de contratación han suscitado serias preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. La falta de claridad en la actuación de la DGCP y la Omsa pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia más estricta sobre los procedimientos de contratación, así como una revisión exhaustiva de las decisiones tomadas por los organismos responsables. La situación actual refleja un desgaste en la gestión pública y una desconexión entre el discurso oficial sobre transparencia y la realidad de las acciones emprendidas.