El presidente de la República, Luis Abinader, ha ordenado la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan. Esta decisión, aunque presentada como un compromiso con la escucha activa y la voluntad de la ciudadanía, plantea interrogantes sobre la efectividad del Gobierno en la gestión de conflictos ambientales y la transparencia en la toma de decisiones.
Abinader afirmó que la detención responde a la Ley 64-00 de Medioambiente, que establece que si la población rechaza un proyecto de esta magnitud, no es viable continuar. Sin embargo, la realidad muestra que esta medida llega después de años de concesiones y estudios que han generado desconfianza en la población. La falta de acción oportuna por parte del Gobierno ha evidenciado una desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos, quienes han manifestado su rechazo a este tipo de proyectos.
La pregunta que queda es si esta decisión es suficiente para restaurar la confianza de la ciudadanía en un Gobierno que ha sido criticado por su falta de rendición de cuentas y por no actuar con la transparencia que demanda la situación. La gestión de Abinader enfrenta un desgaste significativo, y es crucial que se tomen medidas concretas que vayan más allá de declaraciones y promesas vacías.