El incremento de los feminicidios en el primer trimestre de este año vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta de las autoridades frente a la violencia de género. Hasta ese período se contabilizan 22 casos, sin incluir el asesinato de Yesica Álvarez Jiménez, cinco más que en igual lapso de 2025. Si esa tendencia continúa, 2026 podría superar los 59 feminicidios reportados el año pasado, una señal de que la reducción registrada entonces no resolvió el problema de fondo.
Los propios datos evidencian la distancia entre el discurso institucional y la protección efectiva. El 86 % de las víctimas no se sintió alentada a denunciar a su agresor, y en enero y febrero los asesinatos de mujeres aumentaron un 200 % interanual. A ello se suma que, de 73,887 denuncias anuales por violencia de género en la última década, solo tres de cada diez terminaron en orden de protección, un indicador que refuerza la percepción de desamparo entre quienes acuden al sistema.
Además, la concentración del 41 % de los feminicidios en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo apunta también a una falta de contención focalizada donde más se necesita. Mientras 21 menores se incorporan a la lista de huérfanos por la muerte de sus madres a manos de parejas o exparejas, persisten las señales de una respuesta oficial tímida o displicente ante solicitudes de protección. El cuadro obliga a revisar con urgencia las vías de prevención y a exigir resultados concretos a las instituciones responsables.