La controversia por el aumento de sueldos a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas ha pasado de ser un tropiezo administrativo a convertirse en una prueba de credibilidad para el organismo. El punto central de la crítica recae en la negativa de su presidenta, Emma Polanco, a reconocer el error, luego de que el incremento fuera defendido como un “incentivo”, en medio del escándalo por los beneficios revocados.
Lejos de poner fin a la crisis, el intento de presentar las solicitudes de auditorías como una señal de confianza choca con el impacto institucional que dejó la polémica. El episodio vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de vigilancia y de explicaciones claras en una entidad llamada precisamente a fiscalizar el uso de los recursos públicos.
En un órgano cuya legitimidad depende de la confianza, el manejo del caso coloca en primer plano la exigencia de control social y rendición de cuentas, más aún cuando la controversia ha situado a la Cámara de Cuentas bajo el mismo escrutinio que está obligada a ejercer sobre otros.