El balance de 93 muertos en lo que va de 2026 en supuestos intercambios de disparos entre policías y delincuentes, sumado a ocho agentes fallecidos en servicio, presiona la narrativa oficial sobre seguridad y deja al descubierto un escenario de violencia que sigue golpeando al país. Entre enero y mayo, el promedio alcanza 18 presuntos malhechores abatidos por mes, en contraste con los reportes que hablan de una reducción de los homicidios asociados a la delincuencia y la criminalidad.
La ministra de Interior, Faride Raful, reconoció la complejidad del problema al indicar que muchos miembros de la Policía son atacados a tiros durante operativos. No obstante, el dato más sensible continúa siendo que la mayoría de esos casos no se investiga porque se da por válido el criterio policial. Esa práctica alimenta la preocupación institucional sobre hechos que, por su gravedad, exigen verificación y no solo versiones oficiales.
Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía, afirmó que las actuaciones responden a “una planificación estratégica” y que no hay órdenes de ejecución, al sostener que quien no enfrenta a la institución es apresado y remitido al Ministerio Público. Aun así, episodios como la muerte del sargento Adolfo Miguel Mella Brito y de tres supuestos delincuentes en enfrentamientos ocurridos en Santo Domingo Oeste, Villa Mella y el kilómetro 14 de la autopista Duarte muestran que el problema rebasa el discurso y mantiene abierta una alerta sobre resultados, controles y responsabilidades.