SANTO DOMINGO (AP). El acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en calidad de tránsito a deportados abrió un nuevo foco de escrutinio sobre el Gobierno, después de que dirigentes opositores y especialistas ajenos a las autoridades señalaran falta de transparencia y eventuales implicaciones para la soberanía nacional.
Manolo Pichardo, expresidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y secretario de Relaciones Internacionales de Fuerza del Pueblo, sostuvo que el convenio constituye “una claudicación de nuestra soberanía nacional”, al considerar que subordina los intereses dominicanos a prioridades geopolíticas externas. Además, dijo que sería riesgoso convertir el territorio dominicano en punto de tránsito para extranjeros, autorizar el uso discrecional de bases aéreas a militares de países foráneos e involucrar al país en tensiones globales ajenas.
Por su parte, el excanciller Andrés Navarro cuestionó la aparente opacidad del acuerdo firmado la víspera y pidió al Gobierno divulgarlo por completo para que la población conozca su verdadero alcance. “Lo que se ha publicado no dice prácticamente nada”, afirmó. Aunque la Cancillería indicó que se trata de un instrumento no vinculante, de ingreso temporal y excepcional para un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales, las críticas se centran en la distancia entre esa versión oficial y la información todavía pendiente de hacerse pública, algo en lo que también coinciden expertos que exigen conocer la totalidad del pacto.