SANTO DOMINGO.– En menos de una semana, tres decisiones judiciales devolvieron al centro del debate el avance de delitos graves en el país y la necesidad de seguir de cerca la respuesta institucional. Los casos, relacionados con narcotráfico internacional, tráfico ilícito de inmigrantes y abuso sexual contra menores, confirman que el problema no se reduce a expedientes aislados, sino que afecta áreas especialmente sensibles para la seguridad y la protección de personas vulnerables.
En Pedernales, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro hombres acusados de intentar introducir drogas al país, tras una solicitud del Ministerio Público sustentada en riesgo de fuga y en la gravedad de los hechos. De acuerdo con la acusación, dos de los imputados fueron interceptados a poco más de 50 millas al suroeste de la isla Beata con más de 1,200 libras de marihuana y 39 kilogramos de cocaína en una embarcación, mientras que en un segundo operativo, ejecutado el mismo día, los otros dos fueron detenidos a unas 79 millas de la costa de Pedernales con más de 100 libras de marihuana y 326 kilogramos de cocaína. Las interdicciones del 5 de mayo fueron coordinadas entre el Ministerio Público, la DNCD y la Armada de República Dominicana.
A ese expediente se agregó en Santiago la condena a 10 años de prisión dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado contra tres hombres hallados culpables del tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos, entre ellos dos niños. Sumadas al caso de abuso sexual contra menores reseñado en la agenda judicial de la semana, estas decisiones dibujan un panorama de alto impacto social que va más allá del anuncio de medidas y sentencias: también plantea interrogantes sobre prevención, control y resultados frente a estructuras delictivas que siguen alcanzando migrantes, menores y rutas sensibles del territorio nacional.