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Ponen bajo la lupa el acuerdo migratorio con EE. UU. por su alcance y capacidad de control

mayo 16, 2026 · Redactor
Ponen bajo la lupa el acuerdo migratorio con EE. UU. por su alcance y capacidad de control: puntos clave
Foto: elnuevodiario.com.do

Las dudas sobre seguridad y supervisión reabren el reclamo de explicaciones al Gobierno sobre el alcance real del convenio

SANTO DOMINGO. – Las autoridades dominicanas quedaron bajo cuestionamiento tras el anuncio de un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para recibir temporalmente a migrantes repatriados desde la frontera estadounidense, luego de que el experto en asuntos migratorios José Rosario advirtiera sobre su alcance, sus implicaciones de seguridad y la capacidad real del país para manejar ese mecanismo. De acuerdo con su explicación, el convenio no incluye deportaciones desde el interior de Estados Unidos, sino desde la zona fronteriza, donde personas permanecen en procesos migratorios vinculados a solicitudes de asilo o deportación hacia sus países de origen.

Rosario señaló que República Dominicana recibiría alrededor de 30 personas al mes mientras se completan esos procedimientos, aunque recordó que el propio canciller dominicano indicó que el acuerdo podría suspenderse en cualquier momento si el país así lo considera necesario. A su juicio, el tema ha generado división de opiniones en la sociedad dominicana: mientras algunos sectores lo interpretan como un avance en las relaciones bilaterales, otros advierten sobre los efectos que podría tener en un país que ya enfrenta presión migratoria y problemas de control fronterizo.

Durante su participación en el programa «Agenda del Pueblo», transmitido por «El Nuevo Diario TV», Rosario dijo que sigue la inquietud sobre cómo se controlará la permanencia de esas personas y quién asumirá los costos operativos y de alojamiento. Añadió además que las debilidades estructurales y los niveles de corrupción que, según su criterio, afectan el sistema migratorio dominicano podrían dificultar la supervisión efectiva de los acogidos bajo este esquema, lo que vuelve a colocar en el centro la exigencia de vigilancia institucional y rendición de cuentas sobre una decisión oficial con impacto sensible en seguridad y gestión pública.