El texto sostiene que el comienzo del siglo XXI estuvo atravesado por crisis de gran impacto, entre ellas el desplome de las empresas de internet tras la euforia de los noventa en torno a internet, las telecomunicaciones, la tecnología y el comercio electrónico. En ese marco, destaca que las regulaciones fueron limitadas y que los mecanismos para reducir riesgos eran débiles, mientras los precios avanzaban más por expectativas que por ganancias reales, productividad, flujo de caja o capacidad económica efectiva. Como muestra, se menciona que el índice Nasdaq Composite aumentó más de un 570 % entre 1995 y marzo de 2000, antes de caer cerca de un 77 % dos años después, con una pérdida superior a 5 billones de dólares en capitalización bursátil, según estimaciones de expertos.
El artículo recuerda además que aquello no fue un episodio aislado, sino parte de una serie de acontecimientos que han marcado la vida humana en el primer cuarto del siglo XXI. Entre ellos cita los atentados del 11 de septiembre de 2001, que impulsaron una mayor atención sobre el financiamiento del terrorismo, así como las guerras en Afganistán e Irak, nuevas tensiones en Medio Oriente y la creación de convenios internacionales para impedir el uso de instituciones financieras con esos fines.
A partir de ese recorrido, el planteamiento sobre democracia económica y justicia social queda asociado a una advertencia institucional concreta: cuando faltan controles efectivos, supervisión real y reglas capaces de contener riesgos, el costo termina recayendo sobre la sociedad. De este modo, la discusión no se limita a principios generales, sino que exige instituciones que garanticen oportunidades, movilidad social y acceso sin privilegios, frente a crisis que han expuesto la distancia entre la promesa de progreso y sus resultados reales.