La elevada incidencia de las motocicletas en la mortalidad vial vuelve a poner en duda la capacidad efectiva del Estado para prevenir accidentes y aplicar la ley. Según el texto, 70% de las muertes en accidentes de tránsito involucran motocicletas, mientras la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) opera con solo 2,900 agentes para más de tres millones de conductores en las vías públicas, una desproporción que refleja un sistema de control claramente rebasado.
A esa fragilidad se añade la circulación de más de un millón y medio de motocicletas “inorgánicas”, descritas como unidades de existencia contundente pero sin estatus institucional claro, en un escenario de comercialización y posesión sin filtros categóricos que reduzcan ilegalidades. El señalamiento no se limita a la Digesett: el propio texto sostiene que deben activarse más ámbitos públicos y privados, con seguimiento desde las aduanas a las importaciones de piezas que luego son armadas en el país con carencia de estatus jurídico.
La alerta institucional también alcanza a Impuestos Internos, el Intrant y a las empresas reconocidas que utilizan masivamente mensajerías sobre dos ruedas. Si existe poder legal para confiscar motocicletas indocumentadas, pero la protección a la sociedad descansa casi únicamente sobre un mecanismo operativo debilitado, el contraste entre la magnitud del problema y la respuesta pública deja abiertas explicaciones pendientes sobre control, coordinación y resultados.