La Cámara de Diputados dio luz verde en primera lectura al proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aunque sin alterar la cesantía laboral, justo el punto que más divide a empresarios y centrales sindicales. El resultado no cierra la discusión, sino que deja avanzar una reforma que sigue sin resolver el aspecto más sensible del debate.
El texto dispone en su artículo 86 que las indemnizaciones deberán pagarse al trabajador dentro de un plazo de diez días contados a partir de la terminación del contrato. En caso de incumplimiento, el empleador tendrá que asumir una suma adicional equivalente a un día del salario devengado por cada jornada de retraso. Asimismo, establece que las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía no estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni podrán ser objeto de gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, salvo cuando se trate de créditos otorgados o de obligaciones nacidas de leyes especiales.
La propuesta también fija en el artículo 91 un plazo de cinco días francos para que el empleador notifique el despido al Ministerio de Trabajo o a la autoridad local correspondiente, mientras que en el artículo 100 determina que el trabajador deberá informar su dimisión dentro de las 48 horas siguientes, con indicación de causa, tanto al empleador como a la autoridad laboral. Si esa dimisión no se comunica en el tiempo establecido, se considerará sin justa causa. Con la cesantía fuera de cambios y nuevas obligaciones formales sobre la mesa, la reforma entra en una etapa en la que queda abierto el escrutinio sobre su alcance real y su aplicación.