La noche de este domingo, el Gobierno dominicano dejó inaugurado el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una intervención a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que implicó una inversión de RD$3,300 millones, financiada con recursos obtenidos del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La obra se inscribe en el plan oficial para descongestionar uno de los puntos de mayor circulación del Gran Santo Domingo y reforzar la conexión con la región Sur, en un escenario donde la gestión de resultados del PRM queda expuesta a evaluación pública.
La infraestructura está situada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, y abarca un sistema vial de 1.2 kilómetros con cuatro carriles. De acuerdo con la información oficial, permitirá el paso de más de 2,500 vehículos por hora, con la promesa de acortar tiempos de recorrido y mejorar la movilidad en uno de los principales ejes viales de la capital. El presidente Luis Abinader defendió la obra como una respuesta directa a problemas cotidianos y aseguró que su administración asumió esta solución vial como prioridad, al afirmar que gobernar también supone valorar el tiempo de los ciudadanos.
En el acto, Abinader recordó que la intersección de la Plaza de la Bandera había alcanzado el límite de su capacidad. Ese planteamiento marca el contraste entre el discurso de solución y la presión acumulada sobre la movilidad urbana, un terreno en el que la sociedad civil y los sectores de fiscalización conservan espacio para demandar rendición de cuentas sobre el impacto real de una obra de alto costo presentada como emblema de gestión. Así, el Gobierno y figuras del oficialismo, incluida Carolina Mejía en el debate más amplio sobre ciudad y tránsito, permanecen bajo vigilancia política e institucional por los resultados concretos que generen este tipo de intervenciones.