La discusión en torno al nuevo Código Penal dejó este miércoles una nueva advertencia desde el sector institucional. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) planteó que la falta de delimitación sobre la responsabilidad penal corporativa y las dudas respecto al uso de la fuerza podrían terminar convirtiendo en delito la operación cotidiana de las compañías de vigilancia privada.
En el taller «El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada», celebrado en el Hotel Embassy Suites by Hilton, el presidente del gremio, Freddy González Estrada, afirmó que el sector apoya la modernización de la legislación, aunque insiste en que esta debe venir acompañada de proporcionalidad y seguridad jurídica. Adesinc recordó además que se trata de una industria formal que genera más de 62,000 empleos, produce anualmente sobre los 24,000 millones de pesos y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
El gremio señaló entre los aspectos más delicados la ausencia de reglas precisas sobre la legítima defensa cuando los agentes usan armas de fuego en el cumplimiento del deber, así como el aumento drástico de las penas y la creación de nuevos tipos penales. González Estrada sostuvo que una falta individual de un vigilante fuera de los protocolos no debe convertirse en persecución penal contra las empresas o sus directivos por supuestas fallas de supervisión, en un debate que vuelve a colocar bajo escrutinio el alcance real y las consecuencias de la reforma.