Cuando una crisis golpea, la política dominicana suele activar una secuencia conocida: el Gobierno de turno promete sacrificios, los partidos se sientan a negociar y, al final, la población termina absorbiendo el costo real del ajuste. Ese comportamiento, que se ha visto en la crisis inflacionaria de 1990, la debacle bancaria de 2003, el impacto pandémico de 2020 y la presión externa vigente por el alza del petróleo y la incertidumbre internacional, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo responde el poder cuando se deteriora el poder adquisitivo.
El repaso evidencia que, aunque cada episodio tuvo causas y protagonistas distintos, la reacción de la clase política ha conservado una constante: conversa cuando la presión se intensifica, pero casi nunca entra en el núcleo del gasto político. En 1990, con la inflación disparada, una caída del PIB de alrededor de 5.5 %, desabastecimiento y filas en las estaciones de combustibles, la respuesta tomó forma institucional con el Pacto de Solidaridad Económica impulsado por Joaquín Balaguer junto a actores económicos, políticos y sociales.
Esa diferencia frente a otros momentos posteriores refuerza una alerta institucional en la coyuntura actual: más allá del discurso de concertación, la discusión de fondo sigue siendo quién asume el costo del ajuste y qué parte del aparato político está dispuesta a revisarse a sí misma. En ese marco, la exigencia de rendición de cuentas y de priorizar el impacto social de las decisiones públicas vuelve a colocarse en el centro del debate.