El malestar separatista vuelve a cobrar fuerza en Alberta, una de las diez provincias de Canadá y también una de las más ricas del país, en medio de cuestionamientos al gobierno central por el uso de la riqueza local y por decisiones que, según sus promotores, recortan los beneficios que recibe la provincia. El foco está puesto en el petróleo, el gas y el atractivo turístico de sus parques nacionales, mientras sectores conservadores sostienen que Ottawa retiene buena parte de esos recursos y deja a Alberta con menos de lo que aporta.
A diferencia de décadas anteriores, el movimiento se muestra hoy mejor organizado. Sus planteamientos incluyen el desbalance fiscal, el exceso de control federal sobre el desarrollo energético, la falta de representación política del Oeste frente al peso de Ontario y Quebec, y la demanda de control total sobre los recursos naturales. Ese conjunto de reclamos ha reforzado una narrativa de desgaste institucional y de distancia entre las decisiones del poder central y las prioridades locales.
Pese a ello, el respaldo popular se ubica entre el 20 % y el 30 % y, por ahora, no alcanzaría para imponerse en un referéndum. Su avance, sin embargo, opera como una señal de alarma sobre un malestar político que sigue sin resolverse. En ese escenario, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aparece también como parte del clima internacional que alienta a un movimiento cuya influencia continúa en ascenso.