Los subsidios a los combustibles pueden servir para amortiguar crisis inflacionarias, pero también dejan al descubierto los límites fiscales de economías dependientes de importaciones y petróleo, advirtieron expertos durante un conversatorio en Diario Libre. En ese análisis, los economistas Tomás Lukin, de la Alianza Global de Justicia Tributaria, y Jorge Coronado, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, vincularon el alza de los hidrocarburos y la desaceleración económica con la necesidad de contar con mecanismos fiscales y financieros capaces de absorber choques externos sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Lukin explicó que, según la Cepal, América Latina deja de recaudar cerca del 6.7 % de su PIB por maniobras de evasión en ITBIS e ISR, equivalente a más de 430,000 millones de dólares anuales. Señaló que esa pérdida reduce la capacidad de financiar políticas públicas para el desarrollo, así como salud, educación y derechos humanos, y además erosiona la legitimidad de los Estados para intervenir en la economía. El señalamiento refuerza la presión por una mayor fiscalización sobre el uso de recursos en medio de medidas costosas como los subsidios.
Los expertos sostuvieron que un déficit fiscal administrable y financiable no es necesariamente negativo en tiempos de crisis, siempre que se use para sostener la economía o financiar inversiones productivas. “Una cosa es tomar deuda para pagar deuda y otra cosa es tomar deuda para financiar una ruta que va a sacar exportaciones de tu país”, indicó Lukin. También recordaron que la dependencia regional de productos básicos y combustibles importados hace que conflictos internacionales, cierres de rutas marítimas o aumentos del petróleo terminen trasladándose a los precios internos, lo que vuelve más urgente la rendición de cuentas sobre cómo se responde al costo de vida.