El abogado y politólogo Carlos Gabriel García ha expresado su profunda preocupación ante la inminente promulgación de un proyecto de ley que busca saldar deudas antiguas del Estado con contratistas. García advierte que esta medida podría tener un impacto negativo en la estabilidad fiscal del presidente Luis Abinader, especialmente en un contexto donde la austeridad y la racionalización del gasto son prioritarias.
El experto señala que la propuesta es particularmente inconveniente, dado que se refiere a compromisos que, en algunos casos, datan de más de 30 años. En medio de una política oficial de recortes y presiones económicas internacionales, la aprobación de esta ley podría generar contradicciones en la estrategia económica del gobierno. A pesar de los esfuerzos por liberar más de RD$40,000 millones mediante la reducción del gasto público, el avance de esta legislación plantea serias dudas sobre la coherencia del discurso oficial y la realidad fiscal del país.
La ley, que ya ha sido aprobada por el Congreso Nacional y modificada por el Senado, ha suscitado críticas por la falta de claridad en la identificación de beneficiarios y el origen de los fondos. Esto resalta la necesidad de una mayor fiscalización y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, en un momento en que la ciudadanía exige transparencia y resultados claros de su gobierno.