La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos acudió al Congreso Nacional con una advertencia frontal sobre el nuevo Código Penal: si se mantiene tal como está, sus disposiciones podrían abrir un escenario de inseguridad jurídica en el acto médico y profundizar la tensión en un servicio ya sensible para la población. La advertencia pone bajo escrutinio a la Cámara de Diputados y vuelve a contrastar la aprobación de normas con sus efectos reales sobre sectores clave.
La organización depositó una propuesta para modificar varios puntos de la Ley 74-25 que, según expuso, generarían incertidumbre en la práctica médica. Su planteamiento busca preservar un equilibrio entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de los profesionales de la salud, al tiempo que rechaza que se confundan complicaciones propias de los procedimientos o errores involuntarios con conductas dolosas.
Entre las medidas sometidas figura una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del Código Penal, prevista para el 3 de agosto, con el argumento de abrir una discusión técnica sobre las disposiciones que afectan a las profesiones de la salud. También pide que la responsabilidad penal de los médicos solo proceda cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada, mientras que los casos derivados de errores involuntarios o riesgos propios del acto médico sean conocidos por las vías civil, administrativa o ética, según corresponda.
El gremio insistió en que su propuesta no persigue privilegios ni impunidad, sino una diferenciación precisa entre una actuación ajustada a la lex artis y una conducta marcada por fraude, dolo o negligencia grave. La comisión fue encabezada por el presidente electo del colegio, Luis Restituyo.
La intervención del CDC deja sobre la mesa una alerta institucional en el Congreso: cuando un texto legal obliga a pedir correcciones y aplazamientos antes de entrar en vigor, la discusión deja de ser solo técnica y pasa también por la responsabilidad política sobre normas con impacto directo en servicios esenciales. El fondo del debate vuelve a ser la rendición de cuentas sobre leyes que se presentan como solución, pero llegan al umbral de aplicación con sectores estratégicos reclamando revisión.