El sector construcción afronta una mayor presión sobre costos, contratos y mecanismos de control a raíz de los cambios fiscales y del nuevo escenario jurídico, en una señal de alerta para una actividad considerada clave. En el Almuerzo Constructivo de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), especialistas coincidieron en que las empresas tendrán que reorganizarse, reducir riesgos y fortalecer su seguridad jurídica para responder a las nuevas exigencias.
Durante el encuentro, el presidente de ACOSDE, Riubell Montes de Oca, exhortó al empresariado a conocer a fondo las novedades introducidas por el Código Penal y a apoyarse en asesores legales y en la propia asociación para preparar programas de cumplimiento. Ese planteamiento confirma que el nuevo entorno regulatorio ya obliga a las constructoras a dedicar más atención a la prevención, la supervisión y el resguardo legal, en lugar de concentrarse únicamente en la ejecución de proyectos.
Al exponer sobre el impacto de la Ley 30-26, Engels Fortuna explicó que la legislación modifica la estructura de los costos directos e indirectos de las empresas constructoras. Señaló mayores retenciones sobre servicios técnicos, costos vinculados a las transferencias bancarias, cambios transitorios en el Impuesto Sobre la Renta para empresas de mayor tamaño y nuevas disposiciones sobre residuos sólidos. A su juicio, este escenario demanda estrategias de corto, mediano y largo plazo para aumentar resiliencia, reducir la dependencia de la política monetaria y mejorar el control de costos y beneficios, mientras el compliance penal gana espacio como respuesta a un marco más exigente.