La República Dominicana enfrenta serias dificultades ante los choques externos, como lo evidencian la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 y la crisis en Medio Oriente en 2026. Sin embargo, la respuesta del gobierno del presidente Luis Abinader ha dejado mucho que desear, revelando una desconexión alarmante entre su discurso y la realidad que viven los ciudadanos.
En 2022, el gobierno implementó medidas de emergencia que, aunque inicialmente parecían proteger a la población, resultaron ser una solución temporal que no abordó las causas estructurales de la crisis. En contraste, la estrategia de 2026 ha girado hacia la austeridad y el recorte del gasto público, lo que ha incrementado la presión sobre los dominicanos en un contexto de creciente inflación y alza de precios. Esta falta de acción efectiva y la priorización de la austeridad han generado un costo social significativo, dejando a muchos ciudadanos sin el apoyo necesario para enfrentar la crisis.
La situación actual exige una rendición de cuentas clara por parte del gobierno, así como una revisión de sus políticas que prioricen el bienestar de la población sobre la contención del gasto. La falta de resultados tangibles en la protección de la canasta básica y el costo de vida pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante y un enfoque más centrado en las necesidades de los dominicanos.