La crisis en el Senado filipino quedó bajo un foco mayor de escrutinio después de que la cámara se convirtiera durante tres días en refugio del parlamentario Ronald ‘Bato’ dela Rosa, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad. La situación se agravó cuando un tiroteo irrumpió en plena sesión y precipitó la salida del político, en un episodio que dejó al descubierto la fragilidad de los controles institucionales en una de las principales sedes del poder.
Ausente durante siete meses, Dela Rosa regresó el lunes al Senado para reforzar el poder de su clan político y renovar la presidencia de la cámara. Ese mismo día, la CPI hizo pública la orden de arresto que hasta entonces permanecía bajo secreto. La Corte lo señala como presunto «coautor indirecto» de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), una campaña con 6.000 asesinatos extrajudiciales, cifra que oenegés elevan hasta 30.000. Antes de refugiarse en el Senado, Dela Rosa había conseguido eludir a agentes de la Oficina Nacional de Investigación que intentaron detenerlo.
Mientras permanecía en el edificio, difundió mensajes en Facebook en los que advertía de un arresto inminente y animaba a sus seguidores a «reunirse frente» al Senado para bloquear el operativo, en medio de concentraciones y una creciente agitación social. Más tarde, las autoridades informaron que iban a arrestar a «una persona» dentro del edificio y, minutos después, medios filipinos registraron una ráfaga de disparos en el interior del Senado. Lejos de cerrar la crisis, el episodio profundizó el contraste entre la función institucional del Congreso y su uso como escenario de protección política en medio de una investigación por graves violaciones.