SANTO DOMINGO.- Las nuevas medidas tributarias y el aumento de costos en servicios dejaron de ser un reclamo exclusivo de la oposición. En el Congreso, incluso voces del PRM admiten que el paquete tendrá un impacto directo en la economía de los dominicanos, en medio del contraste entre el discurso oficial y las cargas que terminan asumiendo las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y sostuvo que chocan con la promesa gubernamental de no tocar la economía familiar. También objetó el incremento en los combustibles, al afirmar que añade presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó el alza de la tasa por salida aérea por encarecer los viajes de las familias dominicanas.
Desde la oposición, José David Báez dijo que ya se habían advertido las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su entender, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a usar más dinero en efectivo, con el riesgo que eso representa para la seguridad ciudadana, y reflejan el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se amplió cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, reconoció que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes usan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Con ese panorama, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya exhiben costo social, mientras la oposición gana espacio al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.