La muerte de Miguel Antonio Valenzuela Lucas, «Miguelito», tras permanecer cinco días detenido en un destacamento de San Cristóbal, dio este lunes un paso más en la presión institucional. Sus familiares pidieron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que designe un equipo independiente para investigar el caso, al sostener que no hay garantías de una pesquisa objetiva desde la Fiscalía de San Cristóbal.
Con abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, los parientes depositaron una instancia en la sede de la Procuraduría General de la República. En el documento cuestionan la actuación de las autoridades locales y demandan una investigación «exhaustiva, imparcial e independiente». Sus representantes legales afirman que Valenzuela permaneció detenido alrededor de 100 horas y media antes de ser presentado ante un juez, aunque la Constitución establece un máximo de 48 horas. «Se le violaron todos sus derechos fundamentales y todas las disposiciones legales», sostuvieron.
Valenzuela fue arrestado el 8 de julio y llevado al destacamento policial conocido como «La 17». Según informaciones ofrecidas previamente por el Ministerio Público, fue liberado el 13 de julio, cuando sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Juan Pablo Pina porque estaba sin fuerzas. La familia también rechazó la versión preliminar que atribuyó la muerte a leptospirosis y pidió que la intervención de la Procuraduría se mantenga distante de las autoridades locales, en un caso que pasó de una explicación oficial a una exigencia de rendición de cuentas.