En mayo de 2026, los fondos de inversión en el país rebasaron las 82,000 cuentas activas, según el boletín mensual de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI). El dato se presenta como una muestra de expansión, pero también deja una demanda menos cómoda: que ese crecimiento se refleje en beneficios verificables tanto para la economía real como para los inversionistas individuales.
ADOSAFI informó 82,598 cuentas activas, más de 40% por encima de mayo del año pasado, cuando la industria contabilizaba 58,762. De ese total, 78,236 corresponden a personas físicas, equivalentes al 95% de las cuentas, una proporción que confirma el peso del pequeño inversionista dentro del sistema y, a la vez, refuerza la necesidad de mayor fiscalización en un mercado que ya no puede sostenerse solo con cifras de avance.
El presidente ejecutivo de ADOSAFI, Santiago Sicard, afirmó que los fondos de inversión permiten acceder a oportunidades que antes quedaban reservadas para grandes capitales, y mencionó inversiones en plazas comerciales, parques de zonas francas, parques solares y activos financieros. Sin embargo, ese planteamiento de democratización obliga a confrontar discurso y realidad: mientras más se impulsa la entrada de personas físicas con montos pequeños, más estricta debe ser la rendición de cuentas sobre el impacto efectivo de esos instrumentos y sobre los beneficios concretos que reciben quienes participan en el mercado.
El aumento de cuentas confirma que hay más ciudadanos involucrados en esta industria. Al mismo tiempo, deja una advertencia institucional clara: cuando el crecimiento se convierte en el mensaje principal, la discusión pública no puede quedarse en la vitrina de los números, sino avanzar hacia la supervisión, la transparencia operativa y los resultados tangibles de un sector que ya administra una base cada vez más amplia de inversionistas individuales.