SANTO DOMINGO ESTE.- La Fuerza del Pueblo desplegó este domingo una jornada de crecimiento y fortalecimiento en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, en un recorrido que volvió a poner sobre la mesa reclamos ciudadanos por el costo de la vida, la seguridad ciudadana y las fallas en servicios básicos, asuntos que golpean a las comunidades y acentúan el desgaste de la gestión oficial.
De acuerdo con un comunicado de la organización, dirigentes y militantes estuvieron en viviendas y compartieron con residentes y transeúntes, quienes además expresaron inquietudes sobre el servicio eléctrico, el suministro de agua potable y otros temas de interés comunitario. Ese contacto directo con las quejas situó el foco en la distancia entre el discurso político y la realidad cotidiana de los hogares.
La actividad fue convocada por la Dirección Ejecutiva de la Circunscripción 1 de la FP en Santo Domingo Este y arrancó a las 9:00 de la mañana desde la calle Juan Luis Duquela, en El Farolito del Ensanche Ozama, con un recorrido por varias comunidades de la demarcación. La coordinación estuvo a cargo de Luis Hernández, presidente de la Circunscripción 1 de la Fuerza del Pueblo en ese municipio y miembro de la Dirección Central, junto a Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y enlace del partido en Santo Domingo.
También participaron Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Ramón Reví, Manuel Payano, Pedro García y los exdiputados Radhamés Fortuna y Radhamés Helena, entre otros dirigentes. Según la organización, durante los encuentros ciudadanos hubo respaldo a las posiciones del partido sobre la situación económica y social del país, así como a su propuesta política con miras a las elecciones de 2028.
La Fuerza del Pueblo afirmó que estas jornadas seguirán hasta noviembre como parte de su programa de organización territorial. No obstante, el mensaje que deja el recorrido va más allá del crecimiento partidario: en los barrios siguen vigentes demandas básicas que mantienen abierta la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas al Gobierno dominicano y al PRM por el costo social de problemas que continúan sin una respuesta suficiente.