La Fuerza del Pueblo acudió este lunes a la Cámara de Cuentas para exigir fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los recursos públicos asignados a la reforma policial entre 2021 y 2026. La organización sostiene que, antes de abrir una nueva etapa, el Gobierno debe responder por el dinero ya ejecutado y por los resultados alcanzados.
La petición fue depositada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador puede disponer una auditoría especial de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 10-04. Su reclamo coincide con la presentación de un nuevo proyecto de ley promovido por el Gobierno dentro de la reforma policial, aunque la dirigente opositora advirtió que no debe seguir acumulándose discurso oficial sin aclarar primero qué pasó con los fondos ya dirigidos a ese proceso.
Reynoso indicó que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones para transformar la Policía Nacional. No obstante, señaló que continúan las dudas sobre el alcance de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y a los hechos de violencia registrados en el país, un contraste que —dijo— hace inevitable revisar el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su planteamiento, la auditoría permitiría establecer cuánto se invirtió entre 2021 y 2026, qué recursos fueron administrados mediante el fideicomiso, cuál fue el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos trazados. También serviría para determinar si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en la transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó además que, al inicio de la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían sugerido la realización de auditorías. Con ese antecedente, la solicitud opositora se presenta como una advertencia institucional sobre una reforma que ha sido ampliamente impulsada desde el poder, pero que sigue obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.