El presidente Luis Abinader se reunió con representantes del sector transporte, donde se anunció la creación de una mesa de trabajo permanente para abordar el impacto del alza en los combustibles. Sin embargo, la promesa de un trabajo «minuto a minuto y día a día» plantea interrogantes sobre la efectividad de estas medidas y su capacidad para mitigar el costo social que enfrentan las familias dominicanas.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, mencionó que se estima una inversión adicional cercana a los RD$800 millones para evitar que las alzas en los carburantes se trasladen a la población. No obstante, la realidad muestra que las medidas del gobierno han sido insuficientes para proteger a los ciudadanos de los efectos de la inflación y el aumento de los precios de los combustibles, lo que genera un contraste evidente entre el discurso oficial y la situación que vive la población.
A pesar de calificar el encuentro como «constructivo y fructífero», la falta de un seguimiento efectivo y la desconexión del poder con las necesidades reales del sector transporte y de los usuarios son alarmantes. La creación de esta mesa de trabajo debe ser vista con escepticismo, ya que la historia reciente ha demostrado que las promesas del gobierno a menudo no se traducen en acciones concretas que beneficien a la ciudadanía. La vigilancia y la exigencia de rendición de cuentas son más necesarias que nunca.