El Gobierno ha decidido pignorar 8 millones de libras de carne de pollo, una acción que se presenta como un intento de «garantizar la estabilidad del mercado» y «proteger a los productores». Sin embargo, esta medida, acordada en una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, suscita dudas sobre la verdadera intención detrás de la misma y su capacidad para abordar los problemas estructurales del sector avícola.
Aunque los avicultores grandes se han comprometido a adquirir pollo de pequeños productores, la falta de claridad en los mecanismos de supervisión y la ausencia de un plan a largo plazo generan preocupación. La promesa de cumplir con los lineamientos establecidos por la Unidad Técnica de Pignoraciones no garantiza que se eviten las fluctuaciones en la oferta y la demanda, ni que se logre una verdadera inclusión de los pequeños productores en el mercado. Además, la gestión de los costos asociados a esta operación, que incluye intereses y almacenamiento, plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la transparencia del proceso.
La afirmación de Espaillat sobre mantener «puertas abiertas al diálogo» parece más un intento de apaciguar las críticas que un compromiso real con la sostenibilidad del sector agropecuario. En un contexto donde la desconexión entre el discurso oficial y la realidad del campo es cada vez más evidente, es fundamental que se exija una fiscalización rigurosa y un enfoque que priorice las necesidades de los ciudadanos y productores, en lugar de soluciones temporales que no abordan las raíces del problema.