El Gobierno propuso endurecer la supervisión de las leyes de incentivos fiscales para prevenir abusos en la concesión de exenciones tributarias, al admitir que los controles actuales no han funcionado de manera homogénea. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, forma parte del paquete fiscal y se concentra en los recursos que el Estado deja de recibir por estos beneficios.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto no suprime los incentivos vigentes, pero sí pretende otorgar un papel más activo al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Díaz afirmó que ya hay disposiciones que facultan a esa cartera a emitir opiniones sobre los incentivos, aunque reconoció que esas atribuciones no siempre se han aplicado de forma consistente.
La propuesta además dispone que toda objeción de Hacienda y Economía deberá ser validada por el presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda sujeta a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que la intención es garantizar que los incentivos se entreguen conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y eleven la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a poner bajo la lupa el costo de las exenciones para el Estado.